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Rector del CNE solicita investigación a VTV por uso de recursos públicos con fines partidistas

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El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, informó este martes que solicitó el inicio de una investigación y procedimiento administrativo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En una misiva publicada en la red social Twitter, el también presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi) precisó que la decisión en contra de la empresa televisiva es «por el uso de su programación para beneficiar directamente a un partido político a través de sus programas de opinión e información».

Según Márquez, el canal se ha ocupado de promocionar el proceso interno del partido PSUV «de manera absolutamente parcializada».

En tal sentido, el rector del ente electoral exigió al canal del Estado, a sus directivos, presentadores y a todos los funcionarios públicos, «el cumplimiento estricto de sus deberes en lo que respecta al uso de los recursos de la Nación, conscientes del daño que supone el favorecimiento de partidos u organizaciones políticas por vías del abuso de funciones».

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MP desmintió comunicado sobre las alcabalas que circuló en redes sociales

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El fiscal general, Tarek William Saab desmintió este martes un comunicado anónimo que rodó en la red social WhatsApp, que dice que el Ministerio Público invitaba a la ciudadanía a denunciar a funcionarios que pongan alcabalas y puntos de control sin autorización de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

En una publicación en Twitter, Saab aclaró que el Ministerio Público «no ha emitido comunicado alguno sobre el tema de las alcabalas o puntos de control tal como anónimamente difunden vía WhatsApp».

Saab explicó que los comunicados de la institución que dirige se publican únicamente a través de medios oficiales y públicos.

El pasado 18 de junio se hizo viral en las redes sociales un video en el que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava ordenó retirar un punto de control policial ubicado en el distribuidor Mañongo. 

Lacava se dirigió al grupo de efectivos policiales presentes en el punto de control, para exigirles su retirada del lugar y permitir el libre tránsito de los ciudadanos. 

Fuente: El Cooperante

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Cicpc neutraliza a uno de 10 extorsionadores más buscados en Trujillo

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) le dio de baja el domingo a uno de los 10 extorsionadores más buscados en el estado Trujillo.

El sujeto identificado como Pedro Daniel Villarroel Torres, de 32 años de edad, alias «Pedro Caraballo», falleció tras resistirse a su captura en el sector Chanda, municipio Boconó, según el director del Cicpc, Douglas Rico.

El desenlace del suceso se dio cuando efectivos de la delegación municipal Boconó se encontraban en una operación conjunta con la Policía del estado Trujillo, para dar con la captura del delincuente.

En medio del operativo, los funcionarios observaron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y efectuando disparos al aire, motivo por el cual le pidieron al individuo entregarse, sin embargo se generó un intercambio de disparos en el que murió Caraballo.

Villarroel contaba con seis solicitudes por extorsión, además de siete registros policiales por extorsión y porte ilícito de arma de fuego, además en el lugar del hecho se colectó un revólver sin marca ni seriales visibles, el cual será peritado por expertos de la División de Balística para determinar su participación en otros delitos.

Fuente: El Cooperante

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Paralizado el caso Cisneros porque no hay luz en el tribunal que lleva el caso

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Una paradoja más acompaña el ya escandaloso juicio de la herencia del empresario Oswaldo Cisneros y que ha dividido a la familia en dos partes hasta ahora irreconciliables: el tribunal que debe conocer la causa no tiene luz. 

Una ironía porque estos multimillonarios cuentan con una especie de supermercado personal en Panamá adonde envían a los empleados en su avión particular  a buscar cualquier electrodoméstico que se  haya dañado en alguna de sus múltiples propiedades para reemplazarlo por uno nuevo. Pero ahora la familia se ha topado con el infierno venezolano y a la tensión ya existente, se le debe sumar ahora  los cortes de luz  que sufre el Tribunal Octavo de Mediación  de Menores, que lleva el caso de la cuantiosa herencia.

Y a eso se le agrega la semana radical que también hace lo suyo. Porque, como en el chiste del infierno venezolano, cuando hay luz no hay despacho -porque es semana radical- y cuando la semana es flexible, no hay electricidad.

«Sin despacho por fallas eléctricas», muestran los carteles en las paredes del tribunal donde se evidencia que, desde enero y hasta la fecha, los apagones han ido postergando cualquier diligencia, herencia de Cisneros incluida. Que tan grave ha sido el problema de la luz en ese tribunal, que hasta colgaron un calendario en las carteleras del organismo para marcar en rojo los días en que no ha habido electricidad y, por tanto, trabajo. Desde enero y hasta junio, las fallas han sido constantes y la solución ninguna.

A la falta de luz se le agrega la de información, también  a oscuras en este caso. Y si  bien  algunos han sembrado el rumor de  que en la primera batalla de la familia, la hija biológica Claudia Cisneros Fontanals había ganado el primer round al lograr que se desconociera a los seis hijos adoptados como legítimos, lo cierto es que hasta ahora lo que ella sí ha logrado es introducir ante el tribunal octavo lo que llaman los abogados «la promoción de pruebas» y que fue la última (o más reciente) actuación de ese tribunal.

Allí, los abogados de Claudia Cisneros presentan documentos donde buscan demostrar que la adopción de las dos hijas nacidas en Colombia – Laura y Carla-  fueron presentadas ante la Sección Consular de la Embajada Venezuela en Colombia y que allí Oswaldo Cisneros  asegura que su domicilio estaba ubicado en Bogotá, Colombia, cuando en realidad su residencia habitual estaba ubicada en Caracas, Venezuela.

Con este mismo argumento- los adoptados en Rumanía fueron legalizados en Bucarest- buscan anular las adopciones de los otros cuatro hijos las cuales, según el documento introducido, «no fueron sometidas al exequatur», lo que significa en castellano que  las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, pueden adquirir fuerza ejecutoria en Venezuela». Y según los abogados de Claudia Cisneros Fontanals, esto no se cumplió en ninguna de las adopciones.

Mientras tanto, las demandas y contrademandas de ambas familias han dejado expuestos parte de los bienes que tenía Cisneros en Venezuela, asunto que tiene a las autoridades del  SENIAT de lo más contentos.

Fuente: El Cooperante

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