Luego de que se detectase el primer caso de COVID-19 en el territorio venezolano hace ya más de 5 meses —que se sienten como toda una vida—, el gobierno venezolano definió que lo más adecuado para evitar contagios sería suspender las clases presenciales. Las instituciones educativas del país se vieron obligadas a culminar los períodos académicos a distancia sin ninguna guía de cómo hacerlo, sin ninguna estrategia coherente, sin recursos suficientes y sin tiempo para prepararse para todo el trabajo que se les vendría encima.

Lo lógico sería pensar que, en la Venezuela de inicios de septiembre de 2020, a menos de un mes del reinicio del nuevo año escolar, deberían haber mejorado de alguna manera las condiciones… Pero el panorama general luce oscuro.

A la crisis económica venezolana se le sumaron dificultades que, en papel, no parecen estar por solucionarse pronto. El COVID-19 ha sido un asesino silencioso, uno que se mueve lento y toma desprevenidos a quienes cometen el error de subestimarlo. Intentar volver a las aulas en este momento, cuando el virus abunda y sigue quitando vidas, no solo es peligroso: Es una declaración de muerte. Regresar a las clases presenciales no es una opción inteligente, por lo menos no a tiempo completo. Se evalúan una suerte de ‘semipresenciales’… Habrá que ver cómo resulta.

Por otro lado, ¿cómo se sostiene un modelo educativo que depende enteramente del internet y de los dispositivos electrónicos en un país donde, primero, el internet es deficiente o inexistente en muchos sectores, y segundo, comprar una computadora o un teléfono con los salarios es casi imposible? Sumemos a esta fórmula los pocos alicientes que perciben los docentes para dictar contenidos de calidad, y el poco tiempo que han de tener las instituciones para repensar sus planes de estudio para ajustarlo al modelo a distancia. El resultado es un cóctel desastroso que ya provoca deserciones y un lamentable atraso en todos los niveles.

Jesús Martínez